La suspensión de la ejecución de un acto
administrativo es una disposición excepcional que puede ser
emitida por una autoridad administrativa o judicial. Es una medida
de naturaleza cautelar que procede únicamente cuando la
ejecución del acto administrativo produce daños
irremediables o de muy difícil remediación por la
vulneración de los derechos del administrado. La
suspensión significa que no se aplica el acto administrativo
hasta que haya una resolución firme.
Esta figura tiene limitada aplicación en el área
de Propiedad Intelectual, toda vez que, para obtener la
suspensión del acto administrativo en sede judicial, los
administrados deben demostrar que, por ejemplo, el registro de una
marca o patente vulnera sus derechos; o, que se canceló
indebidamente el registro de una marca por falta de uso.