El 7 de octubre de 2026, el Senado de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículos 18 Bis y 127) que confirma una tendencia: la contactabilidad comercial está cada vez más regulada y una campaña de marketing puede convertirse en un riesgo sancionatorio. La reforma impediría a los proveedores insistir con fines publicitarios mediante llamadas, mensajes, correos u otros canales no autorizados; crearía un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, gratuito, que las empresas deberán consultar, y elevaría las multas de aproximadamente $733 a entre $56.570 y $2.345.728 pesos mexicanos. Sin embargo, aprobación legislativa no es entrada en vigor: el proyecto aún debe ser estudiado por la Cámara de Diputados, por lo que las nuevas multas todavía no son exigibles.