Uno de los principales cuestionamientos que se han realizado al
marco regulatorio fiscal uruguayo, tanto por entidades
empresariales, como por especialistas y jueces, refieren a los
escasos y mal regulados derechos de los contribuyentes ante la
posición de poder adquirida por el Fisco. Es notorio el
incremento de las facultades de información,
inspección, actuación y sanción desde el
año 2007, cuando se introdujo la reforma tributaria. Sin
embargo, no hay ningún avance significativo que garantice a
los contribuyentes una defensa adecuada, efectiva e imparcial de
sus derechos y patrimonio.
Atendiendo a que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo han emitido sucesivas sentencias que
cuestionan la legitimidad de los procedimientos y resoluciones de
la Dirección General Impositiva (DGI), el Poder Ejecutivo ha
elaborado un proyecto de ley para enmendar esas situaciones
irregulares. Ellas responden claramente a dos factores:
