El pasado 8 de junio el Tribunal Constitucional (en adelante, el
"Tribunal") dictó sentencia en la
que declaró, de forma unánime, la
inconstitucionalidad de la Declaración Tributaria Especial,
también conocida como "amnistía fiscal",
aprobada por el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el
que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del déficit
público.
La norma declarada inconstitucional permitió regularizar
voluntariamente la situación tributaria de personas
físicas y jurídicas en relación con el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en
adelante, "IRPF"), el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes (en adelante,
"IRNR") y el Impuesto sobre Sociedades
(en adelante, "IS"), mediante el pago de
un gravamen del 10% sobre el importe o valor de adquisición
de los bienes y derechos no declarados, sin imposición de
sanciones, intereses ni recargos y con exclusión de posibles
responsabilidades penales.