El pasado 25 de junio de 2018 entró en vigor la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo (la "DAC6"),
que modifica la Directiva 2011/16/UE, relativa a la obligatoriedad
del intercambio de información en el ámbito de la
fiscalidad, como consecuencia de la recomendación efectuada
por la OCDE en la acción 12 del famoso proyecto BEPS.
La finalidad de la DAC6 es el refuerzo de la transparencia y la
lucha contra la evasión y el fraude fiscal, mediante la
imposición a los intermediarios fiscales de una
obligación de comunicar aquellos mecanismos fiscales
potencialmente agresivos que diseñen, comercialicen o pongan
a disposición para su ejecución.
Es importante destacar que esta obligación no recae
únicamente sobre los asesores fiscales que lleven a cabo
estas acciones, sino que afecta a todas aquellas personas
físicas o jurídicas (abogados, economistas, bancos,
entidades de inversión) que lleven a cabo dichas acciones o
colaboren en su ejecución, así como a
