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Una empresa implementó inspecciones visuales de los bolsos de sus trabajadores como medida de control, pero esta práctica fue cuestionada por vulnerar la intimidad de los empleados.

El Gobierno español ha declarado como instalaciones energéticas estratégicas los proyectos renovables adjudicatarios en nudos de transición justa, vinculados al cierre de centrales térmicas de carbón o nucleares. Esta calificación agiliza procedimientos administrativos y aplica el régimen de obras públicas de interés general, facilitando la reactivación económica de territorios afectados mientras se mantienen las garantías ambientales.

La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes establece una posición intermedia sobre la adaptación de descripciones tras modificar reivindicaciones. Este análisis examina cómo la nueva doctrina unifica la práctica de la OEP al requerir adaptaciones solo cuando las modificaciones generen inconsistencias que afecten la claridad o los requisitos de patentabilidad del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.

Realmente, ésta es la primera sentencia en aplicar la business rule con funciones resolutorias.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo establece límites claros sobre la valoración de prueba testifical en recursos de suplicación, determinando que introducir valoraciones discrepantes de oficio constituye una infracción procesal relevante. Esta sentencia analiza cuándo y cómo pueden los tribunales superiores revisar la valoración probatoria realizada en instancias inferiores.

La sentencia 919/2016 del Tribunal Supremo español establece que los copropietarios en el régimen de propiedad horizontal son partes contractuales en los acuerdos de la comunidad y vincula dichos contratos con los préstamos bancarios individuales.

Un análisis sobre la responsabilidad fiduciaria de las entidades bancarias en la gestión de inversiones, examinando las consecuencias legales cuando un banco no ejecuta oportunamente las órdenes de un cliente y se produce la pérdida de garantías prendarias. El artículo explora los fundamentos jurídicos que sustentan la obligación de responder por daños derivados del incumplimiento de instrucciones en relaciones de inversión gestionada.