Las últimas décadas en materia de
recaudación fiscal han sido marcadas por dos
cuestionamientos grandes en Guatemala: el primero, el bajo
porcentaje de recaudación sobre el producto interno bruto
(especialmente al compararse con otras economías de
América Latina), y el segundo, la
concentración de la base tributaria. Rara vez
escuchamos a alguien que acepte ambas premisas como válidas
y menos que sugiera, adicionalmente, que la mejora en la
recaudación depende más de la simplificación y
transparencia impositiva que de un incremento en tasas
impositivas. Quizá es que al igual
que en una economía familiar basada en ingresos fijos en
donde el riesgo de que cualquier cambio incida en la estabilidad
del mes paraliza cualquier emprendimiento; nadie cuya carrera
dependa de la opinión pública está dispuesto a
evaluar las raíces del problema y contradecir los
"convenios de recaudación"1 que
año con año se celebran entre el Presidente de la
República y el
