En el Ecuador, al igual que en otros países alrededor del
mundo, se ha implementado la corriente proteccionista estatal que
pretende dar un amparo especial a todas las personas, naturales y
jurídicas, incluso extranjeros en tránsito, que en
calidad de consumidores o usuarios se benefician de bienes,
productos y servicios que son comercializados en el
país.
Esta protección a los consumidores deviene de la
intención del legislador en velar por los derechos e
integridad de quienes se ha considerado la parte más
vulnerable y débil en las relaciones de consumo; así
como ante la existencia histórica de abusos y la desigualdad
instaurada, por la consideración al aporte que realizan los
proveedores a la economía, siendo éstos los que
movían el sector productivo de un país. Ante este
evidente desequilibrio, con connotaciones sociales y
económicas, se busca regular las relaciones entre estos dos
sectores, reflexionando para el efecto que los consumidores y
usuarios también
