Asumamos por un rato que quien litiga ante los tribunales es
un consumidor...
Todo aquel que, por su propio derecho o representado por un
abogado, se presenta ante los tribunales lo hace para acceder
al servicio de justicia. En otras palabras, pretende que
el Estado ponga fin a un litigio, aclare una situación o
desfaga un entuerto (como seguramente diría
Cervantes). En tanto usuario, debe tener derecho a un
servicio ágil, accesible, satisfactorio, amigable,
expeditivo, cómodo... Pero quizás eso sea mucho
pedir. Concentrémonos en su derecho a ser informado
"con la claridad necesaria que permite la
comprensión" como dice literalmente la Ley de Defensa
del Consumidor.
Para lograrlo, bastaría con ceñirse a las reglas
sintácticas que hacen del castellano, nuestro idioma
nacional, un medio útil para ello. Ya nos hemos referido a
esta cuestión en el pasado (ver, entre otros, nuestro
"Lenguaje expulsivo" del 22 de noviembre de 2016).
