El pasado 30 de noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo de
la Nación promulgó la Ley 27.328 que regula los
contratos de Participación Público - Privada
(contratos PPP)
Se trata de una herramienta legal con la que se espera
incentivar la inversión privada asociada con el Estado para
el desarrollo de infraestructura pública, vivienda,
inversión productiva, entre otros objetivos, generando un
marco adecuado de protección al inversor e impulsando
también la generación de empleo y la promoción
directa e indirecta de las PyMES.
Los aspectos principales del marco legal recientemente aprobado
son los siguientes:
Los contratos PPP se conciben como una modalidad alternativa a
los contratos administrativos tradicionales previéndose
expresamente que no se aplicarán a ellos las leyes de Obra
Pública (N° 13.064), de Concesión de Obra
Pública (N° 17.520), ni tampoco el Régimen
General de Contrataciones Públicas (Decreto Delegado N°
1023/2001).
